La Asamblea General de Delegados de la Fenapes declara:

La resolución aprobada por el Codicen de la ANEP, sobre un mecanismo de titulación para docentes en ejercicio, confirma un rumbo de política educativa que la Fenapes ha venido confrontando desde hace años. No constituye un hecho aislado. La advertimos cuando se impusieron los cursos asociados a la Transformación Curricular Integral y su incidencia sobre la carrera funcional; la denunciamos frente a los mecanismos de equiparación con titulaciones universitarias promovidos por la anterior administración del Ministerio de Educación y Cultura; y la confrontamos durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración. Hoy esa misma lógica reaparece: frente a problemas estructurales, el Estado modifica los mecanismos de acreditación en lugar de transformar las condiciones que los producen.

La escasez de docentes titulados no es un fenómeno espontáneo, ni es el resultado de decisiones individuales. Es consecuencia de años de insuficiente inversión pública, deterioro salarial, multiempleo, fragmentación de las cargas horarias, debilitamiento de la formación docente y de desprestigio planificado y sostenido hacia el cuerpo docente. Cuando esas condiciones permanecen inalteradas, las políticas públicas dejan de intervenir sobre las causas y pasan a administrar sus efectos. La excepción sustituye a la planificación, la acreditación desplaza a la formación y la escasez termina naturalizándose como criterio de gobierno del sistema educativo.

La Fenapes rechaza que la antigüedad, por sí sola, se convierta en un mecanismo de titulación. La experiencia en las aulas constituye un valor pedagógico que debe ser reconocido, pero no sustituye la formación docente específica, la reflexión teórica, la investigación ni la construcción colectiva del conocimiento profesional. Presentar los años de servicio como equivalente de un proceso formativo desvaloriza la formación docente y consolida respuestas excepcionales allí donde se requieren políticas públicas capaces de garantizar el derecho a la formación integral.

La profesionalización docente es inseparable de las condiciones de trabajo. En ese sentido conquistamos la realización del último concurso nacional para la efectivización de más de cinco mil docentes, tanto de docencia directa como indirecta; porque fortalecer la profesión también exige garantizar estabilidad laboral. La respuesta a la escasez requiere una inversión educativa de al menos el 6+1 % del Producto Interno Bruto, la expansión de la formación docente pública, una política salarial adecuada, la creación de becas y mecanismos garantistas de licencias por estudio.

Lo que está en discusión trasciende un procedimiento de titulación. Está en disputa el papel del Estado frente a la Educación Pública y la necesidad de autonomía y cogobierno.

Por esto, desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, rechazamos por forma y contenido la propuesta de titulación (punto 4.1.2 de la Res. 3009/025) aprobada por el Codicen de la ANEP, en el entendido que implica un profundo retroceso en lo referente a la búsqueda de propuestas de profesionalización integrales.

Exigimos se instalen a la brevedad los ámbitos de negociación colectiva para el inmediato abordaje de la situación anteriormente explicitada, al amparo de la ley 18.508 y el cumplimiento cabal del punto décimo segundo del convenio vigente.

En los espacios bipartitos corresponde abordar una política integral de profesionalización docente, ajustada a las especificidades del sistema educativo y orientada a resolver problemas de carácter estructural. Las respuestas parciales

no solo resultan insuficientes, sino que consolidan procesos de desprofesionalización y profundizan las desigualdades en la formación. Por ello, es imprescindible construir acuerdos que jerarquicen la tarea docente, fortalezcan la formación académica y pedagógica y reconozcan a la educación como un derecho social cuyo ejercicio exige el acceso democrático al conocimiento.

Asamblea General de Delegados

Fenapes