En 2021 la Anep sufrió un recorte de su asignación presupuestal de unos 71 millones respecto al presupuesto educativo 2020 y en 2022 el ajuste se profundizó superando los 80 millones de dólares menos que en 2020. El 90% del presupuesto de la Anep corresponde a salarios, por lo que fueron docentes y funcionarios de gestión que financiaron ese recorte y transferencia hacia Rentas Generales. En promedio, cada docente trabajó 19 días al año gratis, en comparación con 2020, para posibilitar ese recorte.

En la presente Rendición de Cuentas la Anep tendrá un refuerzo de 49 millones de dólares para implementar en 2023 en su reforma educativa neoliberal. Si esto se concreta, serán las trabajadoras y los trabajadores quienes financiarán esta reforma de sus bolsillos, debido a los 151 millones de dólares recortados a la Anep en el acumulado 2021 y 2022.

Formación y participación

En la mayor parte del mundo las y los docentes son formados en universidades de la educación, en donde se les expide un titulo de grado universitario. La actual coalición de gobierno se ha opuesto sistemáticamente desde hace años a la creación de una Universidad Nacional Autónoma de Educación. En su lugar, la LUC ha puesto en marcha un mecanismo de otorgamiento de título universitario donde el Ministerio de Educación y Cultura determina cuáles instituciones pueden expedirlo, violentando la autonomía de los entes de la educación consagrada constitucionalmente. Esto favorece la privatización por la presencia de universidades privadas adheridas a este mecanismo.

Las Asambleas Técnico Docentes [ATD] de todos los subsistemas de Anep se han expresado en contra del Marco Curricular que sustenta la reforma educativa propuesta por el actual gobierno de la educación.  Las actuales autoridades de la Anep promueven una pseudo participación, realizan consultas cuyos resultados no son tomados en cuenta en la toma de decisiones, tratando de involucrar a los docentes en la defensa de valores y principios que no responden a la “razón pública” sino a los intereses de ciertos sectores hegemónicos de la sociedad.  En el diseño de planes y programas, los docentes que entran cada día a las aulas no pueden ser sustituidos por “expertos” ajenos al sistema educativo que se pretende transformar. Las reformas educativas neoliberales de los años 90 así lo han demostrado.  

El retorno a los 90 y la entrega de soberanía pedagógica 

Según el nuevo marco curricular propuesto por las autoridades, en una inversión del orden en que ocurren las cosas, se hace aparecer a la educación pública como la culpable de la pobreza.  Entonces cabe preguntarse, ¿son las instituciones educativas que excluyen o tenemos una sociedad que por su manera de organizarse genera pobreza, segregación y exclusión? Y por supuesto, en ese discurso, también son culpables las y los docentes, por no lograr que sus estudiantes alcances los niveles deseados. En el mismo marco, las actuales autoridades de la Anep y operadores políticos, intentan criminalizar a las y los docentes sindicalizados debido a su resistencia a las reformas neoliberales. Mientras tanto, aceleran el retorno a viejas prácticas que parecían superadas: Discrecionalidad y acomodo en acceso a cargos, cooptación de docentes para la reforma mediante aumentos salarials diferenciales y fragmentación del sistema educativos, las verdaderas urgencias no se priorizan y se pone foco en aquello que redunda en imagen personal y pre electoral.

El contexto económico trasnacionalizado impulsa una homogenización a escala global en la educación de nuestros países a los efectos de generar mayor productividad y competitividad. Para ello impulsa reformas educativas a través de agencia multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el BID que prestan asistencia financiera a nuestro país bajo la forma de Programas insertos en la Anep. Rige en este momento un prestamo de 80 milloens de dólares cuyo destino es la reforma educativa impulsada por el gobierno.

Creemos firmemente que el fin político de la educación es el desarrollo humano y social y no el mero crecimiento económico. La educación pública no puede estar subordinada a los designios de la economía.    

No más relatos, no más persecución. Presupuesto digno, educación integral y real participación para una transformación democrática.